La propuesta de ley norteamericana contra la piratería en internet, cuyas siglas son SOPA, tenía, el 18 de enero, el apoyo de 80 congresistas, y tan solo 31 oponentes. Al día siguiente, sus detractores alcanzaban los 101. Sus defensores se quedaron en 65. Este drástico vuelco fue provocado por la ola de protestas de las industrias de internet, con Google y Facebook a la cabeza. Wikipedia fue la más gráfica: su página en inglés estuvo «apagada», sin ofrecer contenido, durante todo el día 18 de enero. El promotor del proyecto, el congresista Lamar Smith, ha anunciado que la votación, prevista para el martes 24 de enero, se suspende hasta que haya consenso. Su equivalente en el Senado, la ley PIPA, también ha sido frenada.
El objetivo de los dos proyectos era luchar contra las descargas ilegales de películas, música y otros contenidos protegidos por la propiedad intelectual. La Asociación Cinematográfica de EE.UU. calcula que esta práctica provoca unas pérdidas de 58 billones de dólares al año. La comunidad tecnológica cree, en cambio, que la ley iba demasiado lejos. La libertad de expresión y la arquitectura de internet están amenazadas, denunciaron en una carta conjunta al Congreso.
Con la legislación actual, los proveedores de servicios en Internet están obligados a retirar los contenidos ilegales que los usuarios cuelgan en sus páginas «solo si tienen conocimiento efectivo», nos cuenta el abogado Andy Ramos. YouTube, por ejemplo, elimina eficazmente estos contenidos si son informados. La ley SOPA, en cambio, permitiría que el Abogado General de EE.UU. pueda instar el cese, por orden judicial, de cualquier página web que contenga contenido ilegal, publicado por los internautas, sin previo aviso al prestador de servicios. «Se podría bloquear directamente». El Departamento de Justicia también podría obligar a portales como Google a eliminar tales páginas de los resultados de búsqueda, así como a impedir que cobren de los anunciantes o se bloqueen sus dominios. Esto responsabiliza no solo al usuario infractor, sino también a las páginas web, a los anunciantes y a los sistemas de pago. Aunque ellos operen legalmente. Les obligaría a «vigilar» constantemente la actividad de sus usuarios. Según Ramos, «la intención es asfixiar al infractor». Pero con un coste muy alto. «Creará nuevas herramientas para silenciar la libertad de expresión en internet», asegura la Electronic Frontier Foundation.
Estas medidas se aplicarían también a los dueños de las páginas web que residan en el extranjero, si el producto está destinado al público americano. Es decir, casi todos.
¿Qué pasará en España?
La denominada «ley Sinde», cuyo reglamento ha aprobado el nuevo Gobierno, entrará en vigor en marzo. Pero no es igual que la ley SOPA. «Tiene un procedimiento mucho más garantista», asegura Ramos. Los prestadores de servicios sí tendrán la oportunidad de retirar los contenidos ilegales que suban sus usuarios antes de cerrar la web.
La Ley otorgará a un órgano administrativo la protección de la propiedad intelectual. Será una comision dependiente del Ministerio de Cultura. Además, obligará a los operadores de infraestructuras de red, como Telefónica, a revelar la identidad del individuo que cometa la infracción. Hasta ahora, solo era obligatorio para delitos penales.
